La Justicia sospecha que las criptomonedas que declaró Manuel Adorni para intentar justificar su incremento patrimonial no eran suyas

Manuel Adorni intenta justificar el incremento de su patrimonio declarando 513.000 dólares, atribuidos a la venta de activos, vinculados a bitcoins que anunció primero en medios y luego mediante declaraciones juradas rectificadas. Sin embargo, fuentes judiciales consideran esta cifra “insuficiente” y advierten que “nada indica que fuese el titular de esas criptomonedas, además no presentó documentación respaldatoria”. La justicia federal cuestiona tanto el origen de los dólares invertidos en activos virtuales como la titularidad real del monto declarado por el funcionario.

El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó el viernes un oficio con múltiples medidas tras la entrevista difundida en LN+ y la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), compuesta por 22 informes que buscan esclarecer el patrimonio del funcionario de La Libertad Avanza. Este funcionario omitió durante años la tenencia de dólares, incluso en el período fiscal 2024, y ahora, tras la adquisición de una propiedad, muestra una fortuna más coherente con los movimientos declarados.

Manuel Adorni eliminó de su declaración jurada dos cifras que había consignado inicialmente: un patrimonio de 61.018.251 pesos en 2023 y de 107.894.811 pesos en 2024, que ya no figuran en los registros ante la OA. En su última rectificación, la base inicial declarada asciende a 622.646.891,98 pesos, y para el cierre del período fiscal 2025 declaró un patrimonio de 944.575.052 pesos.

Este aumento se explica, según Adorni, por la inversión en bitcoins realizada junto a su esposa, Bettina Angelletti, entre 2014 y 2018. No obstante, la justicia plantea tres dudas concretas. Primero, el origen de los 200.000 dólares invertidos en criptomonedas carece de explicación y no figura ningún registro que lo respalde: “No basta con declarar una cifra en la declaración jurada, debe sustentar su origen lícito”, señaló a Clarín una fuente judicial.

La segunda inquietud se relaciona con la cifra de 513.000 dólares declarada como resultado de la venta de esos activos. Hasta ahora, “nada asegura que haya sido el titular real de las criptomonedas porque no hay documentación que lo respalde”, indicó otro vocero cercano al caso. Otro consultado agregó que no está claro con qué criptomoneda operó ni cómo obtuvo esa ganancia, y que el monto declarado implica un valor mucho mayor —por encima de 20 millones de dólares— al valor declarado.

Estas dudas surgieron tras la presentación de los nuevos números. En Comodoro Py estiman que podría subsanarse si la información confidencial que aún no fue entregada se incorpora a la investigación, ya que hasta ahora “no hay datos contundentes que confirmen la titularidad ni la procedencia de esos bitcoins”.

La tercera cuestionamiento refiere a que los montos declarados no especifican la cantidad de bitcoins ni si representan su valor en dólares, lo que genera inconsistencias. Según cálculos realizados en la sede judicial, el valor real de las criptomonedas declaradas supera ampliamente los 513.000 dólares, llegando a varios millones.

A diferencia de esos valores, en su declaración del período fiscal 2024 Adorni sí detalló tres criptomonedas específicas, consignando nombre, cantidad y valor en pesos. Se trata de Cripto Binance (11.019,85 unidades por 8.875.937,02 pesos), Cripto Lemon (2.605,83 unidades por 2.098.865,77 pesos) y Cripto BTC (1.069,69 unidades por 861.584,01 pesos), sumando un total de 11.836.386,8 pesos según el tipo de cambio oficial vigente.

La ganancia de 513.000 dólares atribuida a la venta de bitcoins es ahora una incógnita que la justicia intentará esclarecer mediante un requerimiento formal que firmará el fiscal Pollicita, según confiaron fuentes judiciales a Clarín.

La justicia federal analiza tanto la declaración patrimonial de 2025 como las rectificaciones previas. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), dependiente de la Procuración General, estudia con detalle los ingresos y egresos de Adorni y su esposa para identificar posibles inconsistencias. La DAFI ya solicitó a la fiscalía la incorporación de la nueva documentación presentada, que se sumará a un informe en desarrollo.

Fuentes judiciales admiten que Adorni ha ganado tiempo, pero advierten que “deberá dar explicaciones sobre numerosos números que aún resultan inconsistentes”.

Además, la justicia indaga si los fondos invertidos proceden del trabajo privado que el jefe de Gabinete y su esposa aseguran haber tenido durante años. Para ello, el fiscal solicitó a la ANSES, ARCA y otros organismos los registros laborales del matrimonio con el fin de comprobar si sus ingresos oficiales corresponden con las declaraciones.

La Justicia también evalúa la existencia de un delito precedente que permita avanzar, por ahora, con una investigación por posible lavado de activos. Sobre la figura penal de evasión tributaria en la que se ampara Adorni, se señala que el período prescripto para esa falta “no está claro si incluye la evasión de bienes personales”, por lo cual continúa el análisis.

Fuentes del fuero admiten que, lejos de aclarar las dudas, las recientes modificaciones en la declaración patrimonial “han generado más interrogantes”, las cuales solo el propio Adorni podrá explicar.